Mediante el Decreto 2055, el Ministerio de Justicia acaba de reglamentar el funcionamiento del Consejo Superior de Política Criminal, así como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su normal funcionamiento. Dicha instancia funcionará como organismo colegiado asesor del Gobierno en la implementación de la política criminal. De acuerdo con la norma, serán sus funciones recomendar al ministerio la elaboración o contratación de estudios para establecer las causas y dinámicas de la criminalidad; el nivel de cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas; la eficacia de las penas impuestas por los jueces; el cumplimiento de los fines de la pena y los demás aspectos relacionados con la política criminal del Estado, así como asesorar, con base en los estudios realizados, a las autoridades encargadas de formular la política criminal, entre otras. Igualmente creó, con carácter permanente, la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano, la cual estará conformada por 10 académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal, economía, sociología, ciencias de la educación o ciencias afines.