La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Ordenanza 26, del 30 de diciembre del 2009, proferida por la Asamblea Departamental de Antioquia, en la que se estableció la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales de ese departamento. Según el alto tribunal, la asamblea referida no se encontraba facultada para crear este tipo de órganos de control, aun cuando haya sostenido el argumento de que la Constitución Política garantiza la participación de la comunidad en los asuntos que le interesan. En efecto, la corporación aclaró que la competencia en esta materia es exclusiva del legislador (C. P. Roberto Augusto Serrato).