La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 1° del artículo 41 del Decreto 3930 del 2010, que exceptúa del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público, en tanto no está dirigida a lograr el cumplimiento efectivo de la ley que le sirvió de sustento. Según el alto tribunal, el deseo del Congreso de la República fue exigir autorización de manera previa a quien realizara los respectivos vertimientos, por lo que imponer salvedades en ese sentido, cuando no lo hizo el legislador, excede los límites de esta potestad (C. P. Oswaldo Giraldo).