La Ley de Páramos (Ley 1930 del 2018) está orientada a construir las bases de una política pública en materia de conservación de tales ecosistemas entendiendo su integralidad e importancia por los servicios eco sistémicos que prestan. La norma posibilita una mayor disponibilidad de recursos para la gestión integral de los páramos, pues faculta al Ministerio de Ambiente para buscar cofinanciación de proyectos a través de la cooperación internacional y el impuesto nacional al carbono. Igualmente, promueve y facilita la construcción de mecanismos que respondan a la necesidad de generar alternativas productivas para los habitantes de estas zonas, que permitan garantizar su permanencia en las áreas delimitadas. Por otra parte está la Ley de Cambio Climático (Ley 1931 del 2018), que contribuye al cumplimiento del compromiso adquirido frente al Acuerdo de París para reducir el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, proyectadas al año 2030. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del cambio climático y promover la transición hacia una economía competitiva y sustentable.