La extensión del objeto social o la relación material de las actividades que lo integran, así como la capacidad derivada del mismo, no determinan la necesidad de obtener o no una licencia ambiental, reglamentada por el Decreto 2820 del 2010. El deber surge por la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir algún efecto en los recursos naturales o en el medio ambiente, precisó la Superintendencia de Sociedades.