El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Ambiente, radicó un proyecto de ley que busca, en sus palabras, robustecer la gobernabilidad, transparencia y gestión pública de las corporaciones autónomas regionales (CAR) en sus órganos de dirección y administración. La iniciativa, compuesta por 24 artículos, mantiene la asamblea como el principal órgano de dirección de la corporación e incluye una nueva función, consistente en analizar el informe de avance anual del plan de gestión ambiental regional, con el fin de que realice las recomendaciones para su adecuado cumplimiento. El proyecto también establece que los miembros del consejo directivo, a excepción de los representantes de comunidades indígenas y afro, no podrán ser reelegidos, actualmente estos cargos se dan a perpetuidad. Además, se incluyen los siguientes representantes para el consejo: dos delegados de las entidades científicas adscritas y vinculadas a Minambiente y un representante de las universidades que cuenten con programas académicos en áreas de conocimiento relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables que tengan domicilio en la jurisdicción de la corporación autónoma regional. De convertirse en ley, se modificaría el artículo 4º del Decreto 4629 de 2010 y se derogaría el artículo 214 de la Ley 1450 del 2011.