El Gobierno sancionó la ley que aprueba el convenio de Minamata sobre el mercurio, suscrito en Japón en el año 2013. Este instrumento tiene como objetivo principal proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y sus compuestos. Para estos efectos, el tratado consta de un preámbulo, 35 artículos y 5 anexos, disposiciones dentro de las cuales se fijan obligaciones en cabeza de los Estados, así como medidas flexibles a ser adoptadas por los gobiernos, como disposiciones para reducir y controlar el suministro y el comercio de mercurio, reducir o eliminar progresivamente ciertos productos y procesos, controlar las emisiones y liberaciones de mercurio y establecer algunas acciones sobre sitios contaminados.