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Tutela obliga al Ejército a ajustar directrices para definir situación militar

12 de Noviembre de 2015

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La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, a través de una acción de tutela y el análisis constitucional del artículo 105 del Decreto 19 del 2012, explicó que el procedimiento que se encuentra en el sitio web www.libertamilitar.mil.co, cuyo fin es  definir la situación militar de los interesados, no debe perder de vista los principios de publicidad, eficacia y economía de la función administrativa. (Lea: Conozca el fallo que condicionó exequibilidad de la cuota de compensación militar)

 

La corporación puntualizó que siempre que a la persona interesada le sea imposible continuar con los trámites correspondientes, la institución militar debe tener en cuenta los deberes constitucionales y legales que le fueron conferidos, como son los de información, acompañamiento y remisión frente a personas que estén definiendo su situación militar (Lea: No puede ser plena la cuota de compensación del servicio militar para objetor de conciencia que fue acuartelado)

 

De esta manera, concluyó que “el Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías del debido proceso administrativo en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se enmarcan en el trámite de definición de la situación militar de las personas” (Lea: Tratos humillantes son contrarios a misión constitucional de las fuerzas militares)

 

El alto tribunal exhortó al Ejército Nacional y a la Jefatura de Reclutamiento, Control y Reservas del Ejército para que expidan las directrices necesarias para que todas las autoridades militares relacionadas con los trámites de definición de la situación militar cumplan con los deberes mencionados.

 

Finalmente, ordenó a la misma institución que remita copia de la decisión a todas las dependencias encargadas de tramitar cualquier tipo de reclutamiento e incorporación con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio (Lea: Estas son las personas eximidas del servicio militar)

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-515, 8/19/2015 )

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