Procuraduría presenta informe de vigilancia a comisarías de familia en materia de género

La Procuraduría General de la Nación publicó la primera parte del informe de vigilancia a las comisarías de familia sobre la garantía de los derechos desde la perspectiva de género.

Según el estudio, estas comisarías no cumplen con su función de protección de los derechos de las mujeres y de los niños, debido a la falta de estructuras organizacionales, físicas y de recursos humanos.

La entidad expresó su preocupación con respecto a la figura de intermunicipalidad de las comisarías, y advirtió que esta no cumple lo establecido en la ley, porque el acceso de las víctimas al servicio es limitado, no hay equipos interdisciplinarios permanentes y la atención es intermitente.

A eso se suma que, en septiembre del 2011, se comprobó la falta de comisarías en siete municipios: Puerto Nariño (Amazonas), Norcasia (Caldas), Nátaga (Huila), Sabana de Torres y San Andrés (Santander), Coloso (Sucre) y Vijes (Valle del Cauca).

De otro lado, existe un vacío conceptual y metodológico en la comprensión de la violencia de género, que afecta la atención con un enfoque diferencial.

El informe concluye que existe un atraso en el desarrollo del objeto misional de las comisarías de familia, pues la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres han sido tratadas como asuntos marginales y sin mayor importancia.

Llamados de atención

La Procuraduría insistió en la necesidad de que las alcaldías y los concejos adelanten acciones para superar las falencias administrativas en la prestación del servicio.

Además, exhortó al Ministerio de Justicia para que cumpla el numeral 11 del artículo 14 del Decreto 2897 del 2011 y adopte los protocolos necesarios para atender la violencia de género.

El Ministerio Público también le hizo un llamado al Gobierno, para que designe una entidad que articule y coordine a las comisarías de familia de todo el territorio nacional.

La segunda parte del estudio, que se presentará en los próximos meses, se referirá al derecho de acceso a la justicia, las acciones policivas y las medidas de protección y de restablecimiento adoptadas.