El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, señalado de un presunto caso de corrupción en el trámite de una acción de tutela, le pidió al Senado de la República que le permita apartarse por dos meses de su cargo, para concentrarse en su defensa.

Al mismo tiempo, acusó a su colega Luis Ernesto Vargas de cometer un delito, por haber grabado una conversación en la que el abogado Víctor Pacheco, también implicado en el escándalo, le informó que Pretelt le habría pedido 500 millones de pesos para favorecer a la empresa Fidupetrol en dicha acción de tutela.

Pretelt sostuvo que se trata de una prueba “clandestina, adulterada y dirigida”, y cuestionó que tanto Vargas como los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio guardaran silencio ante tan graves señalamientos.

Según indicó, Pacheco le ayudó a Mendoza a conseguir financiación para el encuentro anual de la jurisdicción constitucional en el 2012, que se realizó en Barranquilla. Además, aseguró que su colega no solo niega esta colaboración, sino su amistad de muchos años con Pacheco.

El magistrado indicó que las acusaciones de corrupción en su contra obedecen a una componenda para apartarlo de la presidencia de la Corte Constitucional, lo que lo ha llevado a convencerse de que no debe renunciar a su cargo como magistrado de esa corporación.