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Presidente de la Corte Constitucional no renunciará, pese a denuncia por supuesta corrupción

03 de Marzo de 2015

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Sobre las 12:30 a.m. del martes, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, leyó las conclusiones de la Sala Plena extraordinaria que se inició el lunes las 5:00 p.m., con ocasión de la denuncia presentada en su contra por, supuestamente, haber solicitado 500 millones de pesos para favorecer a la compañía Fidupetrol en el trámite de una acción de tutela.

 

Pretelt advirtió que no renunciará a su cargo, como lo habían pedido algunos de sus colegas, pues eso afectaría sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia, en el proceso que deberá enfrentar ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

 

Los magistrados Mauricio González, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas dejaron constancia de la petición que elevaron para que Pretelt dejara su cargo como cabeza de la corporación mientras se adelantan las investigaciones.

 

El comunicado desestima que la denuncia y los señalamientos de los magistrados en contra de Pretelt tengan relación con la próxima elección del Registrador Nacional del Estado Civil, en la que aquel deberá intervenir como presidente de la Corte.

 

Sobre las 8:00 p.m., mientras transcurría la sesión, se conoció un comunicado de prensa en el que el magistrado González defendió su actuación en este caso. En él, rechazó cualquier suspicacia relacionada con las dos semanas que transcurrieron desde que conoció las presuntas irregularidades y el momento en el que las denunció ante la Comisión.

 

“¿Tres semanas es demasiado tiempo para dirigirse a la Comisión de Acusaciones? En modo alguno. Se trata de un hecho grave y de una institución trascendental, no de la denuncia del robo de un celular. Había que proceder con prontitud, pero sin incurrir en temeridad o falsa denuncia”, indicó.

 

Cabe mencionar que en el comunicado que contiene las conclusiones de la Sala Plena extraordinaria, se indicó que los integrantes del alto tribunal se abstendrían de dar declaraciones públicas sobre estos hechos.

 

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