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09 de Mayo de 2024 /
Actualizado hace 6 horas | ISSN: 2805-6396

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Gobierno oficializa la supresión del DAS y anuncia la eliminación del pasado judicial

02 de Noviembre de 2011

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Nota:
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Mediante el Decreto 4057, el Gobierno ordenó la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y redistribuyó sus funciones entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, recién creada. A estas entidades pasan cerca de 5.000 funcionarios del DAS.

 

En uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1444 del 2011, el Gobierno también creó la Unidad Nacional de Protección, que se encargará de proteger a las personas en riesgo extraordinario, como jueces, fiscales, testigos, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

 

De esta forma, se unificarán los esquemas de protección que tienen a su cargo el Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el DAS.

 

El proceso de supresión del DAS deberá concluir, a más tardar, en dos años, lapso prorrogable por otro año. A partir de la fecha, la entidad no podrá iniciar ni continuar desarrollando sus funciones, salvo para lo dispuesto en el régimen de transición previsto en el Decreto 4057.

 

“El DAS en liquidación va a mantener algo muy importante, que son los archivos. Y se ha llegado a un acuerdo con el señor Procurador General de la Nación, para que esa entidad vigile y supervise el proceso de depuración de esos archivos, de forma tal que se garantice su idoneidad y secreto. Cuando ese proceso termine, los archivos serán trasladados a quien corresponda su administración”, explicó el presidente Juan Manuel Santos.

 

Pasado judicial

Durante el acto de firma del decreto de supresión del DAS, el presidente Santos anunció que, antes de finalizar el presente año, se eliminará el trámite del certificado judicial, en el marco de la cruzada antitrámites, que se concretará con las facultades extraordinarias otorgadas por el Estatuto Anticorrupción (L. 1474/11).

 

En consecuencia, las empresas y los interesados en saber si alguna persona tiene antecedentes judiciales deberán acceder a las bases de datos del Estado. Ya no será el ciudadano quien obtenga ese documento, explicó el mandatario.

 

(DAS y DAFP, D. 4057, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4070, oct. 31/11)

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