Drummond fue multada y sancionada con trabajo comunitario por vertimiento de carbón

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sancionó a las cuatro empresas que componen el Grupo Drummond en Colombia, por infracciones ambientales ocurridas en enero de este año en las instalaciones de cargue de carbón Puerto Drummond, ubicadas en Ciénaga (Magdalena).

Como consecuencia, se impusieron dos tipos de sanciones: una multa de cerca de 7.000 millones de pesos y una sanción complementaria de trabajo comunitario.

En cumplimiento de esta última, con el propósito de mejorar el potencial turístico de las playas de Ciénaga y Santa Marta, las empresas deberán, entre otras acciones, hacer un inventario del estado actual de las playas e implementar un plan para garantizar su limpieza.

“La sanción tiene dos partes. La primera, corresponde a un trabajo comunitario para resarcir los daños al lecho marino y las playas, más una sanción económica. La más alta en la historia ambiental del país. Las empresas infractoras y su personal deben tener consciencia de los riesgos ambientales que su actividad industrial produce, y que reconozcan la importancia de los bienes públicos ambientales que afectaron”, señaló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento.

Además, como se produjeron efectos adversos al ambiente, la ANLA impuso la obligación de adoptar medidas de compensación, que incluyen, entre otras acciones, presentar el reporte detallado de la contingencia. Con base en esa información, la ANLA fijará términos de referencia para el diseño de una propuesta para que las empresas retiren del lecho marino el carbón vertido. La empresa, por su parte, implementará sistemas de monitoreo ambiental y un plan de educación ambiental que involucre a sus trabajadores y a la comunidad de la zona.

La compañía también deberá socializar con la comunidad los resultados de la investigación sancionatoria, en reuniones en las que deberá presentar un análisis del caso, incluyendo las principales causas y consecuencias identificadas, y cómo trabajará para evitar hechos similares.

Justamente, en julio pasado, la Corte Constitucional le ordenó a la multinacional que estableciera un plan para reducir el impacto negativo de la actividad productiva que desarrolla. El alto tribunal le ordenó al Gobierno diseñar una política pública para enfrentar los efectos nocivos que causa la actividad minera en el medio ambiente.

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Comunicado, dic. 19/13)