Dificultades socioeconómicas no imposibilitan asumir el rol de padres

La Corte Constitucional reiteró que en el proceso de restablecimiento de derechos de menores de edad se deben agotar todas las medidas tendientes a superar la circunstancia de afectación de derechos, dentro de la garantía de la unidad familiar.

En este sentido, la entidad gubernamental correspondiente deberá adoptar las medidas de apoyo y acompañamiento necesarias para proteger los derechos de los menores, con el objeto de superar la situación de riesgo, sin que ello implique desconocer el derecho fundamental a no ser separados de su familia.

Para la Corte, se evidencia en muchos de estos casos que las autoridades competentes se inclinan por medidas fáciles y drásticas como es la declaración de abandono, sin que se intervenga con la familia para intentar solucionar los motivos que dieron lugar a esa situación precaria y procurar que esta termine lo antes posible.

En el caso analizado, el ICBF no tuvo en cuenta otras posibilidades y medidas de apoyo y acompañamiento de las que podía disponer para proteger los derechos de los menores. En cambio, asumió las dificultades socioeconómicas de la tutelante como circunstancias que por sí mismas configuraban la imposibilidad de asumir su rol materno, sin buscar garantizar el bienestar al amparo de la unidad familiar.

En concepto de la corporación, el entidad cuestionada desconoció el derecho a la unidad familiar no solo por el hecho de adoptar una decisión desproporcionada que condujo a la separación de la familia, sino que, además, desatendió la obligación de tomar medidas alternativas de protección, acompañamiento y seguimiento, con el objeto de superar la situación de riesgo de los menores, sin que ello implicara desconocer el derecho fundamental a no ser separados de su familia.      

(Corte Constitucional, Sentencia T-773, Dic. 18/15, M. P. Luis Guillermo Guerrero)

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