Contraloría cuestiona ajustes al programa Mi casa ya

A través de un comunicado, la Controlaría General de la República (CGR) informó que la modificación que hizo el Gobierno a las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi casa ya” afectó la entrega de subsidios en el 2023 y, además, no es consecuente con las características socieconómicas de la población vulnerable que busca favorecer.

Así pues, la Contraloría analizó las modificaciones realizadas al Decreto 490 del 2023, relacionadas con las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi casa ya, y encontró   varios inconvenientes que se resumen así:

El Gobierno propende priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (que son los más pobres), en zona rural y para las categorías más bajas de Sisbén, entre otras variables. Sin embargo, independientemente de la categoría del Sisbén, debe demostrarse la capacidad financiera para acceder a un crédito. Además de ello, se requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará. Es decir, que la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos. (Lea: Así es el cambio de “asignado” a “aplicado sin cobertura” del programa Mi casa ya).

Por ejemplo, para que una familia pueda acceder a una vivienda VIP debe tener ingresos de al menos $ 1,88 millones y pagar una cuota de $ 741.000 o $ 525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa Frech. Además de eso debe aportar el 20 % del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $ 23,4 millones, lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a 1 SMMLV. (Lea: Así puede acceder a los subsidios del programa Mi casa ya)

Según este estudio de la CGR, lo anterior pudo tener gran influencia en restringir el número de asignaciones en el programa, lo que no estaría contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada.

De igual forma, "esto puede incidir en una disminución de la demanda de viviendas VIS y VIP, con lo cual no solo es posible que se haya obstaculizado el acceso a una vivienda digna, sino que también probablemente influya en la contracción del sector de la construcción, en el crecimiento económico y la generación de empleo", afirma la CGR.

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