El pasado 20 de enero, la Sección Primera del Consejo de Estado autorizó el pago del incentivo económico a un actor popular, a pesar de que el beneficio fue eliminado por la Ley 1425, sancionada el 29 de diciembre del 2010.

La sentencia, con ponencia del consejero Marco Antonio Velilla, autorizó el pago de un incentivo correspondiente a 10 salarios mínimos y amparó los derechos a la seguridad y a la prevención de desastres, vulnerados por la construcción de una urbanización en una zona de alto riesgo.

Cuatro días después de este pronunciamiento, la Sección Tercera de esa misma corporación advirtió que el pago del incentivo económico a los actores populares no es viable, aunque los procesos se hayan iniciado antes de la vigencia de la Ley 1425, pues no se trata de un derecho adquirido. La ponencia de este fallo estuvo a cargo del consejero Enrique Gil Botero.