La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró a la Nación, representada por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), solidariamente responsable de los perjuicios causados a unos ciudadanos que se inscribieron e iniciaron sus estudios en el programa de Derecho de una universidad sin que tuviera el respectivo registro académico.

Si bien los egresados recibieron la titulación como abogados luego de muchos inconvenientes, la corporación evidenció que el programa fue creado durante una intervención realizada por las entidades condenadas, las cuales se encargaron de designar a los órganos de gobierno de la universidad, así como de crear e implementar la extensión del programa de Derecho cuestionado.

Para la Sala, esas entidades no solo faltaron a sus deberes de inspección y vigilancia al permitir la creación del programa, sino que, también, a sabiendas de la situación, permitieron que la misma avanzara sin que en forma oportuna desarrollaran y culminaran la investigación (C. P. Ramiro Pazos).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 19001233100020030043801 (37885), 10/12/17