El régimen prestacional de los servidores públicos debe ser definido por el legislador, por lo que los concejos municipales y asambleas departamentales no pueden regular esas materias. Así lo reiteró el Consejo de Estado al indicar que el Congreso profirió la Ley 4ª de 1992 y habilitó al Gobierno para fijar, mediante decreto, el régimen prestacional de los empleados territoriales. De esta forma, la corporación aclaró que tanto los empleados del orden nacional como los del orden territorial son beneficiarios de la dotación de vestido y calzado. Para acceder a esta prestación, los empleados territoriales deben acreditar el servicio prestado a la entidad por más de tres meses y haber devengado menos de dos salarios mínimos (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).