Por regla general, los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado ostentan la naturaleza de trabajadores oficiales y únicamente los estatutos de dichas entidades podrán definir los empleos que serán ejercidos por empleados públicos. Respecto de estos últimos, el Consejo de Estado indicó que se tratará de empleos que impliquen actividades de dirección o confianza. Sin embargo, el alto tribunal fue enfático en que la Administración debe propender por la igualdad de condiciones laborales entre los trabajadores de empresas industriales y comerciales y de empresas de servicios públicos domiciliarios privadas y mixtas, teniendo en cuenta que los últimos se rigen por el régimen laboral privado y, en consecuencia, tienen la posibilidad de suscribir convenciones colectivas. Por último, señaló que los cargos que deben ocupar los trabajadores oficiales son aquellos en los que no se fijan directrices, no diseñan programas y no establecen prioridades dentro de la organización (C. P. Carmelo Perdomo).