La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-824 del 2013, mediante la cual juzgó como inexequible la norma del Estatuto Anticorrupción que permitía a la Contraloría proveer por libre nombramiento y remoción dos cargos de director grado 3, cinco cargos de profesional universitario grado 2 y tres cargos asistenciales grado 4 (artículo 128 de la Ley 1474 del 2011). Frente al cargo de falta de unidad de materia, el Ministerio Público solicitó a la corporación que se declare inhibida pues, a su juicio, el actor no logra demostrar por qué las funciones asignadas a los ocupantes de estos cargos carecen de conexidad con la lucha anticorrupción, ni da cuenta de por qué el Tratado contra la Corrupción de las Naciones Unidas integra el bloque de constitucionalidad. La ponencia será proyectada por el magistrado Nilson Pinilla.