Actualmente, la Corte Constitucional se encuentra estudiando una demanda en contra de una de las inhabilidades para ser elegido como personero (literal g del artículo 174 de la Ley 136 de 1994). Dicho literal, el cual inhabilita a quienes hayan intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas durante el año anterior, sería inconstitucional por vulnerar supuestamente el derecho fundamental de acceso a cargos públicos. Según el concepto reciente del Ministerio Público, esta  prohibición está ajustada a la Constitución Política y es adecuada para preservar y salvaguardar el patrimonio público. Finalmente,  consideró que el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración en esta materia, dado que “prima facie, esta limitación está justificada por las finalidades que la misma inhabilidad persigue”.