La Procuraduría General de la Nación reiteró que desde el 30 de junio entraron a regir las prohibiciones establecidas para las autoridades municipales y departamentales en la Ley Estatutaria de Garantías Electorales (Ley 996 del 2005, art. 38). Recordó que está prohibida la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos entre entidades del nivel territorial o con la participación de organismos o entidades del nivel nacional. Además, no se podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social, autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas ni modificar la provisión de cargos. El Ministerio Público señaló que la infracción de alguna de las prohibiciones constituye falta gravísima y ocasionaría la apertura de procesos disciplinarios.