La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y su ley aprobatoria (Ley 1440 del 2011). Según el Ministerio Público, el convenio, además de cumplir con el trámite formal en el Congreso, tiene importantes propósitos materiales, que son propios de un estado social y democrático de derecho. Destaca que la integración suramericana va más allá de los mercados y de las políticas económicas comunes, y busca crear unas autoridades regionales comunes, un derecho común y una ciudadanía suramericana, bajo unos parámetros democráticos y sociales.