A través de una carta enviada a todas las entidades gubernamentales, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó al fortalecimiento de políticas que combatan las actitudes discriminatorias en el entorno laboral. Puntualmente, en el documento solicitó a funcionarios y contratistas no discriminar por motivos de origen nacional, familiar, social o situación socioeconómica; edad; pertenencia étnica, raza o color de piel; lengua, idioma o religión; sexo, identidad de género u orientación sexual; situación de discapacidad o enfermedad; participación y opiniones políticas, filosóficas o de otra índole, o cualquier otra condición o situación. La carta también está firmada por la directora de la Función Pública, Liliana Caballero y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera. Los funcionarios urgieron a adoptar medidas en aras de prevenir, mitigar y evitar cualquier conducta que conlleve a la discriminación y el acoso laboral, en conformidad con la Ley 1010 del 2006. De igual manera, pidieron a las entidades estatales a dar un manejo profesional e integral a situaciones “que pueden parecer inofensivas o inocentes pero constituyen una violación de los derechos de las personas” ante lo cual el Estado, como empleador, no puede permanecer indiferente. Entre las situaciones señaladas se encuentran los adjetivos, chistes, bromas, comentarios ofensivos o despectivos; insultos verbales, carteles en el lugar de trabajo; la publicación, envío o circular por cualquier medio, en el lugar de trabajo, de imágenes humillantes; exclusión o marginación de las personas de actividades propias del entorno laboral, entre otras.