Jueces de ejecución de penas denuncian congestión de 56.000 procesos

Los jueces de ejecución de penas, principalmente de Bogotá, y la  Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) aclararon que no están intentando bloquear la implementación del proceso de paz.

Sin embargo, denunciaron que en este tipo de temas, como es la justicia y la paz, no se puede improvisar y que hay mucha desorganización por parte de la administración nacional.

Lo anterior porque se sabía que estos operadores judiciales cuentan con una nómina limitada y “ahora les quieren agregar que gestionen y realicen los indultos y las amnistías que se puedan tramitar de cara al proceso de implementación de los acuerdos”, aseguró el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado.

Así las cosas, solicitaron más planta de personal para reforzar estos despachos y así responder y sacar adelante todo lo que tiene que ver con estos subrogados penales. (Lea: Denuncian falencias en infraestructura de sedes judiciales de Bogotá)

Por otro lado, la juez coordinadora del Centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas de Bogotá, Shirley del Valle Albarracín, aclaró que con el nuevo Ministro de Justicia ya han tenido acercamientos y se han formulado soluciones, pero que estas no son inmediatas, razón por la cual hizo un llamado para que se den en el menor tiempo posible, pues existen 15.000 condenados privados de la libertad en la capital colombiana y son potenciales peticionarios de la Ley 1820 del 2016.

Precisó que este no es el hecho generador de la problemática de ejecución de penas, sino el atraso que se tiene con 56.000 procesos, dentro de ellos 11.000 que están represados en el centro de servicios.

“De ahí que si atendemos a las exigencias normativas son 10 días hábiles que tiene el juez para resolver este tipo de peticiones, por tanto es enorme la preocupación que asalta a los jueces de poder cumplirle al proceso de paz con la resolución de amnistías”, agregó la coordinadora.

Frente a un eventual cese de actividades por esta situación, Valle concluyó que se encuentran en una asamblea permanente y que, actualmente, no se están recibiendo peticiones, con el fin de sacar los casos que se tienen represados en los despachos y en el centro de servicios.

Al respecto indicó que se encuentran en esta situación 11.000 procesos sin preso, pendientes de cumplimento de trámites; 4.500 con preso, entre ellos libertades condicionadas y  prisión domiciliarias. (Lea: Definen condiciones de seguridad social para miembros de las Farc cobijados por amnistía)

“Ese es el tema que más nos preocupa, teniendo en cuenta que por una demora en la respuesta de administración de justicia viene detrás un habeas corpus, acciones constitucionales en contra de los jueces, sin contar con las acciones disciplinarias a que hayan lugar en caso de no cumplir con los términos fijados por la ley”, concluyó la representante.