Así lo enfatizó una jurisprudencia reciente de la Sección Primera del Consejo de Estado luego de dictar fallo sobre un recurso de apelación acerca de una acción de simple nulidad y recordar la Sentencia C-479 de 1992. En efecto,  según explica el concepto del alto tribunal administrativo, la institución del retiro voluntario mediante bonificación riñe con los principios y preceptos constitucionales sobre los cuales se edifica la carrera administrativa y el sistema de empleo público. Por consiguiente, la Sala encontró que, por encerrar una institución contraria a los derechos de carrera de los funcionarios inscritos en ella y no directamente conectada con razones de interés general suficientes para justificar la limitación de estos derechos, “la figura de los planes de retiro voluntario compensados no tiene cabida allí donde imperan las reglas y los principios de gestión del empleo público establecidos por la Constitución Política ”, concluyó la corporación (C.P. Guillermo Vargas Ayala).