De las 34 demandas interpuestas contra la Ley 1395 del 2010, sancionada el 12 de julio del 2010, la Corte Constitucional ha admitido 14, que van desde la supuesta afectación del derecho a la igualdad, porque estableció la obligatoriedad del precedente judicial solo para algunos casos en materia de seguridad social, hasta cuestionar los términos para interponer y sustentar los recursos de casación civil y laboral. La mayoría de peticiones de inconstitucionalidad de la ley que modificó los procedimientos civil, laboral, penal y administrativo coinciden en que la norma sacrifica valores constitucionales en búsqueda de agilizar los procesos. LEGISmóvil publica un listado de las demandas presentadas y ofrece el texto de las que fueron admitidas, junto con los conceptos emitidos hasta el momento por la Procuraduría General de la Nación.