El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, presentó hoy la política de estabilización denominada “paz con legalidad”, una estrategia con la que el Gobierno se enfoca en la transformación de la vida de cerca de siete millones de personas que habitan en los territorios más golpeados por la violencia y la ilegalidad, en zonas rurales del país. El plan de estabilización comprende una intervención, fundamentada en los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), en 11.000 veredas de 16 subregiones en 170 municipios, que benefician a 6,6 millones de personas, 2,5 millones de ellas son víctimas de la violencia. Equivale al 24 % de la población rural del país y al 57 % de la población rural en situación de pobreza multidimensional. Según la política, la Alta Consejería para el Posconflicto articulará la planificación y armonización  entre los planes de acción de los PDET, el Plan Marco de Implementación (PMI), los Planes Nacionales Sectoriales, los planes del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) en una sola hoja de ruta, con gestión a nivel técnico de recursos y finanzas y con visión a largo plazo, enfocada en los 170 municipios más afectados por la violencia. De manera tal que las instancias nacionales y territoriales proyectarán su gestión a 10 y 15 años en estos municipios.