Ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), trastorno pulmonar (188) y psiquiátricos (2.884), el Ejecutivo decretó la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país. Esta declaratoria le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Uspec para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente de los servicios de salud. En este orden de ideas, las primeras medidas adoptadas son: realizar brigadas de salud inmediatas; modificar el manual de funciones a cargo del Inpec, para que profesionales de salud que actualmente son funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales, y ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.