Al citar la jurisprudencia precedente sobre el plan de ordenamiento territorial (POT), la Sección Primera del Consejo de Estado aseguró que las etapas para su expedición y revisión son de obligatorio cumplimiento, por lo que no llevarse a cabo estas o cualquiera de las fases previas para su aprobación constituye un vicio que conlleva su nulidad. Igualmente, indicó que las administraciones municipales y distritales deben establecer mecanismos de publicidad y de difusión del proyecto de POT para que se garantice su conocimiento y de esa manera permitir la participación de la ciudadanía, por ello la consulta democrática se debe garantizar en todas las fases, incluida su revisión (C. P. Hernando Sánchez Sánchez).