La Corte Constitucional reiteró recientemente que los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, por estar sujetas a derrumbes o deslizamientos, entre otros factores. Así mismo, la corporación dijo que también deben adelantar programas de reubicación de quienes se encuentran en estos sitios, o adelantar las medidas necesarias para eliminar el respectivo riesgo.  De igual manera, la misma ley impone que las zonas de alto riesgo deben ser desalojadas de manera obligatoria. Por tanto, en el evento en que quienes las habitan se nieguen a desalojarlas, concluye la Corte, los alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la Policía Nacional, así como la demolición de las construcciones averiadas, entre otras medidas (M. P. Antonio José Lizarazo).