Se constató que si bien las tutelantes, víctimas de desplazamiento forzado, cuentan actualmente con una solución habitacional en arriendo este hecho no excluye que las autoridades deban adoptar las medidas necesarias para propiciarles el acceso a una vivienda digna a través del programa diseñado para el efecto. Así lo concluyó un fallo de tutela reciente de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional luego de analizar la jurisprudencia constitucional en torno al alcance y el contenido del derecho a la vivienda digna a favor de esta población vulnerable, así como las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano sobre la materia (M.P. Alberto Rojas Ríos).