Contraloría General confirma deficiente gestión contractual del Consejo Superior de la Judicatura (4:22 p.m.)

Una auditoría financiera al Consejo Superior de la Judicatura encontró que persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física, como lo prueba el hecho de que haya invertido $ 22.422 millones en la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Zipaquirá y Soacha (Cundinamarca) y hoy estas obras muestran un completo desgreño administrativo. Es tan delicada la situación que en el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos ($ 13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial, explicó la Contraloría General. Las obras de la sede judicial de Soacha ya fueron finalizadas, pero el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto, realizada en coordinación con la alcaldía municipal, lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta a servicio del público en el mediano plazo. En el caso de la sede judicial de Zipaquirá, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra. Las pruebas adelantadas en desarrollo de la auditoría ratificaron las observaciones hechas en un estudio sectorial sobre los proyectos de inversión en la Rama Judicial, publicado en el Boletín Macrosectorial No. 12 del 5 de febrero del 2018. El estudio mencionado concluyó que los proyectos de inversión los relacionados con la construcción de infraestructura eran los que tenían menores avances presupuestales y físicos.