La Contraloría General de la República abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por un monto total de $ 38.000 millones, por el presunto detrimento patrimonial que se dio con una cadena de irregularidades detectadas en créditos concedidos a empresarios del sector floricultor en el año 2008. Según informó el ente de control fiscal, las entidades afectadas son el Banco Agrario y Finagro. Los hechos investigados ocurrieron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2008, con la aprobación de una línea de crédito para el sector exportador. Los créditos tenían una garantía a través del Fondo Agropecuario de Garantías, sin embargo, se desconoció la situación de alto riesgo del sector y las deficiencias de las compañías beneficiarias de los créditos, como pérdidas operativas, indicadores de liquidez negativos y disminución del patrimonio en algunos casos.