El Consejo Superior de la Judicatura suspendió por dos años en el ejercicio de la profesión a un abogado que, junto con otros profesionales del Derecho, interpuso varias demandas ejecutivas en contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena (ISS), con base en acreencias inexistentes, para desfalcar a la entidad en un monto cercano a los $ 680 millones. Según el Consejo Superior, los cobros de las supuestas demandas los hacían a nombre de varias empresas, sin que en el ISS existieran procesos ejecutivos a favor de esas compañías, y se realizaban cobros ficticios de proveedores de medicamentos y elementos médico quirúrgicos. “Esta conducta desdibuja completamente el ejercicio de la profesión de abogado, poniendo en riesgo no solo el prestigio de tan alto mandato, sino también atentando contra deberes de tan preciado valor como la lealtad debida a la administración de justicia”, señaló la decisión (M. P. Julia Emma Garzón).