La Procuraduría General de la Nación y el presidente Iván Duque radicaron ante el Congreso un proyecto de ley anticorrupción para, según sus palabras, recuperar la confianza ciudadana y promover una cultura de probidad, transparencia y respeto por lo público. La iniciativa de 42 artículos presenta los siguientes objetivos: probidad administrativa; combatir la corrupción; establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público. Así las cosas, se pide que las personas jurídicas de derecho privado respondan penalmente por los delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada y por todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público. Además, la Procuraduría podría ejercer la acción de extinción de dominio en aquellos casos en que la actividad ilícita que da origen a la causal aplicable tenga relación con la comisión de conductas tipificadas en la ley penal como delitos contra la probidad administrativa. En el documento adjunto a esta nota encuentre el articulado completo.