Hoy, la plenaria de la Cámara de Representantes vota el informe de objeciones a la iniciativa que establece normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país. Si bien se acepta la objeción del Ejecutivo porque los programas de desarrollo rural que plantea la propuesta corresponden a políticas públicas incompatibles con los programas de conservación ambiental que rigen para los parques nacionales naturales y para las áreas de reserva natural, se rechaza la posición del Gobierno que critica usar la categoría “familias pobres”. En criterio de los congresistas, afirmar que no existe una definición legal ni un patrón de medición que permita señalar quiénes pueden ser beneficiarios de las adjudicaciones contradice lo que el mismo jefe de Estado quiere hacer con su proyecto de ley sobre baldíos.