La víctima libera de responsabilidad al Estado cuando el daño antijurídico se deriva de hechos frente a los cuales esta asumió el riesgo, concluyó el Consejo de Estado al revocar la condena a la Nación por el atentado que le hizo perder la vista Roberto Escobar Gaviria. La providencia indica que fue el propio accionante quien, mediante tutela, consiguió que el Inpec dejara de revisar su correspondencia y fue precisamente una carta bomba la que generó el daño cuando este permanecía detenido. Según la Sección Tercera, el caso se configura dentro de la actuación a propio riesgo, debido a que la víctima tuvo el control sobre cómo se desarrolla la situación peligrosa. Con estos argumentos, la corporación revocó la decisión de resarcir a la víctima con el pago de $ 300 millones, al tiempo que negó sus pretensiones de daño material, por $ 3.800 millones (C. P. Enrique Gil).