¿Qué es ‘Legaltech’ y cuál es su impacto en la prestación de servicios jurídicos?

Bibiana Martínez Camelo*

Legaltech, término que viene de la unión de las palabras en inglés legal y technology, se ha relacionado con aquellos desarrollos tecnológicos creados para facilitar la prestación de servicios legales. Sin embargo, se trata de un concepto mucho más amplio que simplemente tecnología para un segmento especializado de la economía. Legaltech abarca todos aquellos proyectos disruptivos que buscan innovar la forma tradicional en que se prestan y consumen servicios jurídicos. En este sentido, además del portafolio de soluciones de base tecnológica, hacen parte de este concepto metodologías disruptivas centradas en la experiencia del usuario, como el legal design, que han evolucionado la forma en que se plantean soluciones a diversos problemas jurídicos haciéndolas más amigables para los usuarios inexpertos, sin implicar necesariamente el desarrollo de un software para su atención.

Ahora, en la cadena evolutiva del Legaltech, es importante resaltar el significativo crecimiento que ha experimentado esta industria en los últimos años. De acuerdo con la revista Forbes[1], durante el 2018, se celebraron inversiones por más de un billón de dólares en plataformas para la prestación de servicios jurídicos, distribuidos en más de 40 negocios, cifra 731 % superior, si se compara con los 233 millones invertidos en este mismo segmento de mercado durante el 2017.

Debido a este exponencial crecimiento, existe un portafolio bastante robusto de soluciones creadas para mejorar la prestación de los servicios jurídicos, circunstancia que se refleja en la satisfacción de los usuarios, quienes ahora cuentan con una amplia variedad de alternativas para suplir sus necesidades frente a un requerimiento de tipo jurídico.

Es el caso de las tiendas virtuales o los marketplaces exclusivos para conectar abogados con potenciales clientes. Este tipo de soluciones, que han sido llamadas como “la uberización del Derecho”, es un modelo de plataforma de economía colaborativa, en la cual se presta un servicio de intermediación entre prestadores de servicios legales y personas en búsqueda de asesoría jurídica flexible. Por lo general, en este modelo, la plataforma cobra una comisión bien sea a los abogados, al potencial cliente o a ambos, por la intermediación efectuada para conectar a los extremos de la relación.

Este tipo de servicios puede complementarse con las oficinas jurídicas virtuales. Dentro de esta categoría, se encuentran las plataformas que permiten la gestión de procesos judiciales (como LegisOffice, de Legis), contratos y consultorías en general, a través de soluciones que, por lo general, se encuentran en la nube y permiten hacer el seguimiento de los casos registrados de forma instantánea. Incluso, existen soluciones que combinan la tecnología blockchain con este servicio, para dar un reporte certero de la trazabilidad de la información que se consigna en la plataforma.

Otro tipo de solución que se apalanca en la tecnología blockchain son los denominados smartcontracts o contratos inteligentes. Sobre este punto, es importante diferenciar las soluciones que automatizan la generación de contratos a través del uso de formularios para lo cual no se requiere el uso de blockchain, de los contratos inteligentes. Estos últimos implican la existencia de un entorno no controlado en donde un contrato se ejecuta de forma automática, una vez se cumplen ciertas condiciones que están preprogramadas, sin que intervenga ningún tipo de valoración humana al respecto.

Adicionalmente, se pueden citar las soluciones basadas en inteligencia artificial[2]. En esta categoría se encuentran, por ejemplo, las que emplean modelos analíticos complejos para el análisis de precedente jurisprudencial y de investigación jurídica, con el fin de brindar herramientas para la elaboración de estrategias de litigio. Lo anterior se puede complementar con herramientas de analítica predictiva, que resuelven consultas jurídicas más complejas, a través de soluciones como los denominados chatbots.

Igualmente, existen herramientas para el análisis y revisión de contratos, con el propósito de identificar sus riesgos más significativos. A través de estas soluciones, departamentos jurídicos y firmas de abogados han podido mejorar el porcentaje de aciertos en el análisis de dicha información, que, a veces, puede llegar a consumir bastantes horas de trabajo humano.

Finalmente, hay que destacar las soluciones enfocadas en el denominado E-discovery o descubrimiento electrónico, cuyo objetivo primordial es la recolección y producción de información almacenada en medios electrónicos, para usarla como prueba en procesos judiciales o ante una investigación administrativa o privada.

Como puede evidenciarse del recorrido realizado, existe un amplio portafolio de productos y servicios enfocados específicamente en la optimización y automatización de ciertas tareas del ciclo de los servicios jurídicos. Esto no implica que tales soluciones vayan a remplazar las funciones desempeñadas por los abogados, simplemente se trata de una evolución de la forma tradicional en que se prestan servicios legales, necesaria para que el Derecho, al igual que muchas otras ciencias, se encuentre a la par de la transformación digital que hace parte del día a día del mundo de hoy.

* La autora es abogada y especialista en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario, y tiene una Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Tilburg (Países Bajos). Actualmente, es la Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Legis Información y Soluciones y la community manager del grupo Legal Hackers Bogotá.

Para más información sobre estos desarrollos, puede consultar la base de datos recopilada por el Centro CodeX de Informática Jurídica de la Universidad de Stanford: https://techindex.law.stanford.edu/