¿La inteligencia artificial llegó para quedarse en el sector legal?

María Sol Rubio

Abogada y socia de Gericó Associates

En los últimos meses, hemos vivido una explosión de noticias sobre inteligencia artificial (IA), en particular, la generativa, con el lanzamiento de ChatGPT, herramienta de OpenAI de inteligencia artificial generativa (IAG), que puede considerarse revolucionaria en este ámbito.

La IAG es un tipo de IA que tiene la capacidad de crear nuevos contenidos, tales como conversaciones, historias, imágenes, videos y música. Herramientas como ChatGPT son particularmente relevantes, ya que hablamos de una IA que utiliza grandes cantidades de datos para aprender a generar textos coherentes y relevantes sobre diferentes temas. Al ser capaz de entender el contexto y la intención de las palabras, le permite producir respuestas muy precisas y razonables.

¿Por qué esto es relevante para el sector legal? Por un lado, porque se viene una época de regulaciones (o, al menos, sus intentos) en varias jurisdicciones. Por ejemplo, la Unión Europea recientemente ha actualizado su proyecto regulatorio, que pretende ser aprobado hacia finales de año. En la propuesta se especifica que la IAG, como ChatGPT, tendría que cumplir determinados requisitos de transparencia (entre varios puntos donde asigna niveles de riesgos a la IA). Allí, se incluye que debería revelar que el contenido ha sido generado por IA, diseñar el modelo para evitar que genere contenidos ilegales y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento.

En Latinoamérica, Perú ha sido pionera en regular este tema, con la Ley 31.814 de pasado mes de julio. El objetivo de esta norma es impulsar el uso de la IA en el marco del proceso nacional de transformación digital, priorizando a la persona y respetando sus derechos humanos, con el fin de fomentar el desarrollo económico y social, así como garantizar su uso ético, sostenible, transparente, replicable y responsable.

Por otro lado, es muy relevante para el sector, ya que herramientas de IAG, como ChatGPT (u otras, como Bard), pueden servir como apoyo en las tareas diarias de firmas legales, gerentes legales, jueces, y/o consultores. Es importante entender que el sistema funciona a través de prompts, que son las órdenes por introducir para que esta suerte de asistente virtual proponga sus resultados. Mientras más trabajemos en estas órdenes, mejores resultados obtendremos, ya que, incluso, podemos pedir que asuma diferentes roles, modismos, tonos, etc.

¿Para qué podría usarse en el sector legal?

(i) Investigación: búsqueda en bases de datos y presentación de resultados.

(ii) Redacción de documentos legales, como contratos, actas, poderes y resúmenes de textos o reescribir argumentos originales para que suenen más persuasivos o sintetizar sus ideas principales.

(iii) Identificación de riesgos.

(iv) Traducción de varios documentos legales y

(v) Apoyo en temas de marketing y comunicación y marca personal, como generar ideas para escribir artículos básicos, delinear propuestas y armar calendarios de publicaciones, con la supervisión y desarrollo de un profesional experto en la materia.

¿Cuáles son los riesgos y limitaciones?

Nada es perfecto, por lo que no recomendamos usar estos sistemas sin tener en cuenta sus riesgos y limitaciones, y sin conocer detalladamente su funcionamiento. En el caso de ChatGPT, hay que considerar que está entrenado con información que llega a septiembre del 2021, por lo que no podremos encontrar información que requiera una actualización permanente. Además, es un sistema que ha demostrado ser bastante “mentiroso” (si es que cabe asignar alguna característica tan humana a un software), y puede inventarse datos como precedentes judiciales que no existen, por lo que siempre deben verificarse en otra plataforma.

Un claro ejemplo de esto fue el ya famoso caso Mata v. Avianca, Inc. (Nueva York), en el que el abogado del demandante citó precedentes que no existían. Luego de insistir en que no sabía que este sistema podía dar información inexistente y que no quería engañar al juez, el abogado logró salir casi indemne, pagando una multa por un monto bajo.

Es clave, entonces, que las firmas legales que tengan sistemas de IAG disponibles redacten políticas internas, en donde se detallen estos riesgos y se aclare el uso que pueda darse y sus limitaciones. La tecnología tiene que funcionar para nuestro servicio, para mejorar procesos y para dar mejor servicio a clientes. Ignorar que muchos abogados la están utilizando regularmente en su práctica solo puede llevar a riesgos innecesarios.

En conclusión, estos sistemas de IAG pueden ser muy poderosos para optimizar procesos y ser más eficientes en el sector legal, siempre que tengamos en cuenta sus riesgos y limitaciones, y apliquemos las recomendaciones de verificar la información, anonimizar datos confidenciales y jamás mencionar clientes, y prestando especial detalle a las regulaciones de protección de datos aplicables en cada jurisdicción.