Inteligencia artificial en el entorno corporativo: perspectivas legales

Sofía Cobo Bravo
Consultora jurídica en García, Gómez y Estupiñán SAS

La optimización y mejora de procedimientos en las prácticas empresariales son la clave para el éxito corporativo, por lo que es natural que hoy en día cada vez más empresas incorporen la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar la eficacia y la productividad. Por lo mismo, las tendencias de transformación empresarial se dirigen a la integración de estas tecnologías en el mundo corporativo, por lo que resulta necesario entender la IA más allá de aplicaciones básicas, como los chatbots, y concebirlo como una herramienta que puede incrementar la productividad de las empresas y, correlativamente, la competitividad de las mismas en el contexto nacional e internacional.

En razón de lo anterior, no resulta menos necesario entender que, así como la IA puede ser aprovechada para potenciar el crecimiento empresarial, también plantea paradigmas legales que demandan un abordaje adecuado por los legisladores y las empresas, con el objetivo de evitar que lo que, en principio, es una oportunidad de evolución corporativa, se convierta en un potencial riesgo para su crecimiento.

En este sentido, el uso regulado de la IA en el ámbito empresarial resulta fundamental. En Colombia, aún se está a la espera de la creación de normas específicas que contemplen aspectos básicos del uso de la IA, como la mitigación del riesgo, la prevención de abusos y la garantía del uso responsable y ético por parte de las empresas. Sin embargo, es importante destacar que en el contexto colombiano existe un punto de partida para este fin. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, el Estatuto de Protección al Consumidor y las normas concernientes a propiedad intelectual, como los Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones. De igual forma, las reglas generales de la responsabilidad civil pueden ofrecer soluciones en casos de controversias.

No obstante, la IA y la constante evolución de estas tecnologías demandan disposiciones legales técnicas y específicas que respondan a los problemas propios de la incorporación de la IA en el contexto empresarial. Por ejemplo, actualmente, la IA puede ser utilizada en el área de talento humano en procesos de selección de personal y medición de rendimiento, para lo cual es necesario la programación de algoritmos. Este uso, al estar relacionado con los derechos laborales, exige parámetros éticos y legales que garanticen la transparencia y la equidad. Reconociendo un potencial problema jurídico, el Proyecto de Ley 130 del 2023 busca crear la armonización de la IA con el derecho al trabajo de las personas.

Por otro lado, también existen documentos que, si bien no suplen el lugar de la ley, sirven para establecer buenas prácticas empresariales respecto al uso de la IA. Este es el caso del El Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, los Principios de la Ocde sobre Inteligencia Artificial, las Directrices Éticas de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, entre otras instrucciones diseñadas por asociaciones profesionales. Estas guías de comportamiento tienden a restablecer principios que deben tenerse en cuenta en la aplicación de la IA.

Así las cosas, a pesar de la carencia de regulación específica en Colombia, las empresas pueden incorporar el uso de la IA con observancia de la normativa existente en materias relacionadas y las guías de buenas prácticas empresariales, para así evitar riesgos operacionales como consecuencia del abuso de la IA en los procedimientos corporativos. De esta manera, sería posible aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el uso de estas tecnologías sin correr riesgos legales innecesarios.

De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir que la IA demanda que el legislador desempeñe con diligencia su papel como creador de leyes, así como también la disposición de las empresas para utilizar la IA de manera ética, observando, en ausencia de disposiciones legales vinculantes, las guías de buenas prácticas realizadas por organizaciones nacionales e internacionales. En este orden de ideas, resulta fundamental la colaboración entre empresas, legisladores y expertos en IA para el desarrollo de un marco legal con miras a garantizar que no se interpongan los intereses privados sobre los derechos fundamentales de la sociedad.

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