La Unión Europea y el aceite de palma

Daniel Raisbeck

En enero del 2018, el Parlamento Europeo votó a favor de la prohibición del aceite de palma para el uso en biocombustibles a partir del año 2021. De manera paralela, y desde algún tiempo atrás, varias compañías europeas libraron una campaña de desprestigio contra los productos que contienen este insumo -desde la crema de chocolate hasta varios tipos de champú- al usar etiquetas que proclaman que sus propios productos son “libres de aceite de palma”.

Los políticos, cabilderos y empresas anti-aceite de palma ofrecen diferentes razones para oponerse a su uso. Entre ellas priman las angustias ambientales acerca de la deforestación de bosques y selvas tropicales, las emisiones de dióxido de carbono y el destino de los orangutanes en países productores de palma. Sin embargo, afirmar que cada una de estas objeciones ha sido colosalmente exagerada sería quedarse bastante corto.      

Según Pietro Paganini, fundador del Instituto Competere de Roma, el aceite de palma es más benévolo hacia el medioambiente que “los aceites y grasas de la competencia”. Esto se debe a su alta productividad por hectárea y su bajo uso de agua, tierra, energía y fertilizantes para la producción. De hecho, Paganini sugiere que la verdadera razón detrás de la oposición europea al aceite de palma es que este ofrece mejor calidad y se vende a un menor precio que “el aceite de girasol, el aceite de colza” -ambos producidos en Europa- y que “cualquier otro recurso energético alternativo”.

En cuanto a la deforestación, es perfectamente posible producir aceite de palma de manera responsable. Indonesia, el principal productor del mundo, redujo significantemente la pérdida de la cubierta forestal en el 2017, según la ONG Global Forest Watch; esto incluyó una reducción del 60 % en la pérdida de bosques primarios. En Colombia, el cuarto productor de aceite de palma a nivel global, la deforestación se debe, sobre todo, al despeje ilícito de bosques para la siembra de coca y la minería ilegal (de por sí una consecuencia del monopolio estatal sobre el subsuelo), no a la actividad de la industria de palma.  

Frente a la contaminación del aire, la demanda europea por el biodiesel se mantendría intacta pese a una prohibición del aceite de palma, según el economista alemán Gernot Klepper. Prohibir el aceite de palma simplemente beneficiaría a los productores europeos de soja, colza, canola y otros aceites vegetales usados para la producción de biocombustible, empresarios que incrementarían su posición en el mercado. Por otro lado, ninguno de los cinco países líderes en la producción de aceite de palma en el mundo -Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria- se encuentra entre los líderes globales en la emisión de dióxido de carbono per cápita.

Es evidente que la manera de reducir el uso de biocombustibles es la innovación tecnológica, por ejemplo, con el desarrollo de vehículos eléctricos, mas no con la prohibición arbitraria de ciertos aceites que son fácilmente reemplazables por otros de características muy similares.

Aunque Colombia lidera la producción de aceite de palma en Latinoamérica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Brasil y Costa Rica son productores importantes. No tiene mucho sentido aplicar el argumento prohibicionista de “salvemos los orangutanes” a estos países, donde este homínido particular no es una especie nativa y, por tanto, entrar en contacto con él requiere una visita a algún zoológico o una repetición televisiva de Las travesuras de Dunston. Desde el punto de vista animalista, cualquier prohibición exhaustiva del aceite de palma resulta delirante.

Por fortuna, en junio del 2018, la Comisión Europea decidió ignorar la prohibición del aceite de palma para los biocombustibles -por tanto, ignorando al Parlamento- en su Directiva Europea de Energías Renovables II, la cual establece las políticas de nuevas energías de la Unión Europea desde el 2021 hasta el 2030. Por otro lado, en el 2017, una corte belga emitió un fallo según el cual el uso de etiquetas que proclaman el no uso de aceite de palma en productos de consumo general no solo es engañoso, sino también carente de una justificación científica.

Aunque la medida de la Comisión Europea -como la mayoría de sus decisiones- carece de legitimidad democrática, en este caso es, sin duda, correcta. Como escribe Paganini, el aceite de palma “es un recurso extraordinario para el crecimiento económico” que tiene una relación directa con la mejora de la calidad de vida en las zonas productoras, donde el acceso a la educación incrementa y el conocimiento científico se difunde.  

Lo anterior demuestra una vez más que la mejor asistencia por parte de una economía avanzada hacia los países en vía de desarrollo no es la ayuda extranjera directa, la cual tiende a enriquecer a la élite gobernante y a afianzar la corrupción. El camino es más bien la apertura de los mercados desarrollados a los productos competitivos del resto del mundo.