Bukele

Juan Manuel Camargo G.

He escrito un par de columnas sobre Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Una, por la compra de bitcoines con dineros públicos de su país, y otra en la que critiqué la absurda interpretación de la Constitución salvadoreña que hizo la Corte Suprema de ese país, con el ostensible fin de permitir la reelección del presidente.

Sin embargo, a Bukele hay que reconocerle una cosa: abordó un problema real, el más grande problema real de su país: las pandillas. Es muy raro que los gobernantes se dediquen a problemas reales e importantes. Por lo general, se la pasan solucionando cuestiones triviales o imaginarias, cuando no creando nuevos conflictos. Con los problemas reales simplemente conviven o se inventan soluciones de palabra que solo sirven de distracción.

Amnistía Internacional (institución por la que tengo gran respeto) ha documentado casos puntuales y patrones sistemáticos de violación a los derechos humanos en desarrollo de la estrategia del gobierno de Bukele para acabar con las pandillas, lo que incluye 190 muertes de personas que estaban bajo custodia estatal. Por otros medios sabemos que la población carcelaria del país supera los 100.000 presos, es decir, algo así como el
1,6 % de la población.

Si nos enfocamos en ese 1,6 % de la población, la situación es indignante. Pero, si la imagen se agranda hasta ver todo el país, esa minoría se pierde de vista y lo que queda visible es un enorme beneficio general. Todas las noticias lo reportan. En enero de este año, un artículo de The Washington Post tituló que la “mafia de Estado” había reemplazado las maras en El Salvador, pero admitió que “en los otrora bastiones de las maras ahora la gente respira con más calma: se abren nuevos negocios, los partidos de futbol se alargan hasta entrada la noche y flota un aire de alivio”.

Desde un punto de vista utilitarista, por lo tanto, la estrategia es justificable: se beneficia a la gran mayoría de la población con desmedro de una minoría.

Amnistía Internacional y otros defienden los derechos humanos “sin excepciones”, como debe ser. Pero esa posición airosa ignora los dilemas morales. Está comprobado el riesgo de que el crimen florezca si se dan garantías a los maleantes, porque los criminales borran sus rastros, matan o intimidan testigos y corrompen a los funcionarios. ¿Los gobernantes deben aprovechar el tiempo que les toca para beneficiar a sus electores o deben gobernar en función de principios abstractos? ¿Y qué se les dice a las víctimas de las pandillas y sus familias, que deben soportar los asesinatos, los secuestros, las violaciones y extorsiones porque los pandilleros también tienen derechos? No es exactamente el conocido dilema del tranvía, pero algo similar: ¿es razonable renunciar a una solución que beneficie al 98,4 % de la población a cambio de una que beneficie a menos del 2 %? No son dilemas fáciles de resolver, pero no se pueden obviar. Hace un tiempo escribí también sobre un magnífico cuento que pone de presente una situación hipotética equivalente: Los que se marchan de Omelas, de Úrsula K. Le Guin. Recomiendo leer ese cuento. 

Yo hubiera preferido que Bukele no se hiciera reelegir, y estoy convencido de que su reelección es inconstitucional, pero a quién le importa mi opinión. Los salvadoreños están contentísimos y yo espero que les dure la dicha. Es lamentable, pero la historia y el presente de Latinoamérica están llenos de presuntos salvadores que acabaron convertidos en maldiciones.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites.  

Paute en Ámbito Jurídico.

Siga nuestro canal en WhatsApp.