Pagar para no matar

Juan Manuel Camargo G.

El Gobierno acaba de expedir el Decreto 1649 del 2023, que, por una ligereza del propio presidente, se ha asociado con la idea de “pagar para no matar”. Como esa impresión es falsa, es necesario explicarlo y contextualizarlo.

Empiezo aclarando que no se trata del primer programa de ese tipo, que ya hay otros en los que se les da dinero a los jóvenes, y que el pago no es lo único ni lo más importante de esos programas.

Bogotá, por ejemplo, tiene desde hace años el programa “Parceros por Bogotá”, que prevé el pago de 500.000 pesos mensuales, durante seis meses, a unos 3.000 jóvenes. El pago es una ayuda, pero también un incentivo para que los beneficiarios se enrolen en actividades que se espera los ayuden a labrar un camino productivo y alejarse del vicio y del crimen. Las actividades son obligatorias e incluyen cursos y servicio a la comunidad. La inversión de Bogotá en este programa puede llegar a unos 10.000 millones de pesos anuales.

Valle y Cali tienen al menos tres iniciativas similares. Las públicas son “Cali incluyente” y “Compromiso Valle”, que también buscan educar, formar y generar espíritu de emprendimiento en las nuevas generaciones. “Compromiso Valle” se enfoca en mujeres, jóvenes entre los 18 y 28 años, personas de estrato 1 y 2, afrodescendientes, jóvenes con uno o más hijos. Reporta 34.000 beneficiarios entre el 2021 y el 2022, con una inversión promedio por persona de 1,7 millones de pesos y una inversión total de 60.000 millones de pesos entre los dos años. La iniciativa privada es “Forjar oportunidades”, que fue creada en el 2021, como respuesta del gremio empresarial a las protestas y bloqueos de ese mismo año.

El Decreto 1649 del 2023 crea un programa similar a nivel del Gobierno Nacional. Prevé un pago de un millón de pesos mensuales a cada beneficiario, con un máximo de 12 meses. Los beneficiarios son jóvenes entre 14 y 28 años, que cumplan alguna de varias condiciones disímiles: pobreza extrema, residencia en zonas rurales, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual, estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, residir en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado. Estas condiciones tan disímiles van a ser un obstáculo muy importante para poder medir la efectividad del programa. Pero cabe aclarar que están excluidas las personas con orden de captura vigente.

El subsidio está condicionado a que los beneficiarios cumplan con una ruta de atención, que incluye asistir a cursos, hacer trabajo comunitario o desarrollar actividades de emprendimiento. Como en los programas del Valle, Cali y Bogotá, no se trata simplemente de pagar a los jóvenes para que no delincan. El programa es mucho más que eso y está concebido como una estrategia integral.

Los gobiernos (locales y nacionales) dicen y dirán que estas iniciativas son exitosas. Es posible que así sea, pero hacen falta estudios serios que las evalúen. El análisis podría determinar que los resultados son escasos y que los recursos (públicos o privados) están siendo despilfarrados. Pero también podrían probar lo contrario, y con eso estimular la ampliación de estos esfuerzos.

Colombia es muy variada y compleja. Hay mucha gente haciendo muchas cosas que no sabemos. Quizás ya hay en marcha soluciones a nuestros grandes problemas, pero se desarrollan en la oscuridad y el grueso de la población no nos enteramos de su existencia.