Solución de conflictos: de lo que no estamos hablando

Nicolás Parra Herrera

En Bogotá, quizás con razón o quizás por miopía, la discusión preelectoral se centra en los temas de movilidad, estratificación, medioambiente y seguridad. Todos estos son temas fundamentales, pero opacan uno muy importante y que es transversal a los anteriores: cómo resolvemos conflictos en la ciudad.

En octubre del año pasado, la Cámara de Comercio de Bogotá publicó su periódica Encuesta de percepción y victimización en Bogotá, en la que se incluyó un nuevo módulo de identificación de conflictos. En la encuesta se formuló la siguiente pregunta: ¿cuáles son los conflictos que se le presentaron en los últimos seis meses? Sin contar los delitos por considerarlos otro tipo de “conflictividades”, el estudio indicó que las disputas sobre asuntos de convivencia entre vecinos (11 %); las disputas asociadas con el medioambiente, el espacio público, la prestación de servicios de salud (10 % cada una) y domiciliarios (7 %) son las más recurrentes. Pero lo más asombroso es que de la totalidad de conflictos que se presentaron, el 37 % de los encuestados respondieron que no hicieron nada al respecto. Desde luego que ignorar los conflictos es uno de los mecanismos para lidiar con ellos. Sin embargo, solo el 24 % acudió a una institución para resolver el conflicto y el 19 % intentó llegar a un acuerdo directo. Esto significa que los capitalinos tenemos, en gran medida, una aversión a enfrentar los conflictos, una alta desconfianza en las instituciones para resolverlos y una débil capacidad para solucionarlos nosotros mismos.

Los problemas de seguridad de la ciudad son muy complejos y deben ser tratados, pero ello no significa que en los programas de gobierno se relegue el impacto que pueden tener propuestas para atender estas tres preguntas: (i) ¿cómo nos relacionamos con el conflicto de una manera productiva y constructiva?, (ii) ¿cómo restauramos la confianza en las instituciones para resolver los conflictos? y (iii) ¿cómo cultivamos la capacidad de los ciudadanos para resolver los conflictos?

Hasta ahora nadie ha abordado estas preguntas. Quizás porque parecen ser accesorias frente a los temas más neurálgicos o quizás porque son impopulares. Yo tengo cierto escepticismo frente a las encuestas, pero si es cierto que, de todos los mecanismos para resolver disputas que se gestionan a través de medios institucionales, los más utilizados son los métodos alternativos de solución de conflictos -mediación, conciliación y arbitraje, entre otros- con un 25 %, entonces puede ser apropiado experimentar y apostarle a una ciudad donde se empodere a las partes para resolver sus conflictos.

Como lo han sugerido los teóricos Austin Sarat y Richard Abel, todo conflicto tiene una estructura piramidal. A veces ni siquiera tenemos las herramientas para percibir el conflicto. Tal vez porque lo hemos normalizado o porque el contexto, la ideología y las relaciones de poder nos impiden verlo. Pero el primer paso es “nombrar” el conflicto, identificarlo como algo que debe ser gestionado para fortalecer la comunidad. Nombrado el conflicto, el segundo paso es “culpar”. El conflicto tiene una causa. Puede ser interna o externa. De ser lo segundo, culpamos o responsabilizamos a un tercero. A veces la forma como ocurre esta segunda fase puede generar nuevos conflictos, tales como venganza o retaliaciones. Ahora bien, no todos los conflictos nombrados llegan a esta segunda fase. A veces no sabemos quién rayó el carro o quién nos arrebató el celular, por ejemplo. Otras veces sí, y cuando ello ocurre, se pasa a la tercera etapa del conflicto: “exigir una reparación o resolución”. Esto puede ocurrir directamente entre las partes, a través de la negociación. También puede ocurrir con la presencia y gestión de un tercero, como en la conciliación, o a través de la policía. Y, desde luego que se puede solucionar la disputa acudiendo directamente a la justicia ordinaria.

Esta estructura piramidal nos indica que la solución de conflictos debe pensarse como una ruta. En Bogotá, por ejemplo, tenemos que trabajar pedagógicamente con la ciudadanía y los policías para saber cómo y cuándo nombrar el conflicto. Debemos pensar la forma como “culpamos o responsabilizamos a otros”, de tal forma que no se genere un nuevo ciclo de violencia. Y, finalmente, debemos crear rutas de fácil acceso, efectivas y empoderantes para que los ciudadanos resuelvan sus disputas o acudan a la institucionalidad confiando en que hacerlo será beneficioso para crear fórmulas sostenibles de acuerdo.

En el fondo, los candidatos deben entender que, en Bogotá, el asunto no solo es crear caminos y rutas para movilizarnos de un punto A a un punto B. El asunto también es crear caminos para comunicarnos y lograr movilizarnos de una situación de conflicto a una gestión o superación del mismo. Esto nos permitirá, primero, repensar cómo experimentamos y reaccionamos ante los conflictos. Segundo, generará confianza en las instituciones para que, de ser necesario, se gestionen a través de ellas las disputas. Y, tercero, cultivará la capacidad de la sociedad y de las autoridades para fomentar mayor efectividad y calidad en la solución de conflictos. Esto significa hacer de Bogotá un laboratorio para educar, diseñar y probar nuevas formas pacíficas de solucionar conflictos que transformen cómo nos relacionamos con otros.