Gobierno, EPS y UPC

Juan Manuel Camargo G.

Las entidades prestadoras del servicio de salud en Colombia (como en cualquier país) necesitan recursos iguales o superiores a la demanda. Nadie puede limitar la demanda de los servicios de salud, porque esos servicios no son electivos. El que acude al sistema de salud es porque lo necesita, no porque lo quiere.

Si crece la demanda de servicios de salud, debe crecer la cantidad de dinero que se destina al servicio de salud. Así de sencillo. Toda persona que sufra una afección de salud merece y debe ser atendida. No se puede devolver a nadie con la excusa de que se nos acabó la plata.

En Colombia, los servicios de salud los presta (al menos en buena parte) el sector privado, pero todo lo dicho arriba es igualmente válido. Si hay más demanda de servicios de salud, debe haber más oferta de servicios de salud. Si hay más pacientes, debe haber más consultorios, más médicos, más enfermeros y más laboratorios. Y todo eso cuesta.

Que el sector privado preste servicios de salud no significa que los usuarios los paguen. En Colombia, el servicio de salud es altamente subsidiado. Las tarifas están reguladas y los servicios son obligatorios. Las EPS, por definición, trabajan a pérdida, y es el Estado el que debe cubrir esa pérdida. Para que el sector privado pueda atender más pacientes, se requiere que el Estado transfiera más dinero a las EPS. Eso puede parecer un barril sin fondo, pero, si el Estado prestara todos los servicios de salud en Colombia, sucedería exactamente lo mismo: el Estado tendría que aumentar el presupuesto cada vez que fuera necesario para no dejar a nadie sin atención médica.

La forma en la que el Estado colombiano cubre las pérdidas de las EPS es con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es un valor anual que el Estado reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Este año, la UPC subió un 16 % frente a la UPC del 2022, pero el aumento es insuficiente y el Gobierno lo sabía (y lo sabe). Y es insuficiente por varias razones, entre ellas: (i) porque no se ha cubierto el rezago de años anteriores; (ii) porque la inflación del año pasado y este consume parte importante del aumento; (iii) porque la demanda de servicios de salud ha crecido. Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), el gremio que agrupa a las principales EPS, había advertido que para este año se necesitaba un aumento del 24 %.

El ajuste en la UPC es posterior al costo, de modo que, en primera instancia, las EPS tienen que asumir con sus propios fondos cualquier déficit. Sura, Compensar y Sanitas han advertido que han consumido más de un billón (un millón de millones) de pesos de su propio capital. Han advertido que pueden quebrar, caso en el cual pasarán a otras EPS 13 millones de pacientes, no solo con sus males, sino también con su déficit, lo que trasladará la carga financiera a las nuevas EPS, que también van a quebrar, un efecto dominó del que ha alertado Acemi. Y el Gobierno lo sabe. Y no le importa. El ministro de Hacienda piensa que solo sería una “contingencia logística”. En realidad, sería la gran crisis en la salud que el Gobierno ha querido gestar desde su inicio.