El ingreso básico universal (III): los ensayos

Juan Manuel Camargo G.

Los países acostumbran crear subsidios sin mayores preparaciones o cálculos. Hay subsidios a sectores desfavorecidos (pobres, minorías, madres cabeza de hogar), pero también subsidios a otros grupos, como agricultores, empresarios que se dedican a la producción de energía solar o artistas. En un país como Colombia, los subsidios directos representan una parte importante de los presupuestos nacional y locales. Sin embargo, la idea de un ingreso básico universal (IBU) genera tantas dudas que desde hace décadas se hacen ensayos y aún no hay consenso sobre sus implicaciones.

Mencionemos algunos ejemplos representativos, empezando por uno de los más antiguos. Entre 1975 y 1979, la ciudad de Manitoba (Canadá) hizo un experimento con la meta principal de establecer si un IBU reducía el incentivo a trabajar. Se recopilaron muchos datos, que no fueron analizados, hasta que, décadas después, una economista, llamada Evelyn Forget, se puso a la tarea. Su reporte, publicado en el 2008, encontró una significativa caída (-8,5 %) en la tasa de hospitalización, mejor salud mental y un incremento en la cantidad de niños que se graduaban del colegio.

En Finlandia, entre 2017 y 2018, hubo un ensayo de poco alcance y muchas imperfecciones, porque este tipo de pruebas son difíciles de planear y de ejecutar. El ingreso básico se tasó en 560 euros al mes, que correspondía al monto neto mensual del subsidio básico de desempleo. Los resultados fueron interesantes: un ligero crecimiento en el empleo, un notorio aumento de la calidad de vida y, sobre todo, un reforzado sentimiento de seguridad económica. Según McKinsey, el IBU “tuvo un efecto liberador para muchos beneficiarios”. El informe del Gobierno de Finlandia también indica que los beneficiarios dijeron confiar en los políticos muchos más que el promedio de los desempleados.

Hoy en día, en el mundo, hay tres grandes ensayos, en Kenia, Irán y Alaska (del cual hablamos hace dos columnas). En Kenia hay 6.000 beneficiarios, con un ingreso garantizado por, al menos, 10 años. El alcance del programa de Irán es impresionante. Empezó en diciembre del 2010 y otorga un subsidio en efectivo a cada niño y adulto, unas 73 millones de personas en el 2011. Según Unicef, en el 2011 el subsidio equivalía al 6,5 % del PIB de Irán y constituía el 29 % del ingreso familiar medio. Lamentablemente, por la situación económica (en particular, la inflación), el alcance y el impacto del programa ha disminuido desde entonces.

Durante la pandemia por covid-19, ya lo sabemos, la idea de un subsidio generalizado fue aceptada conceptualmente y puesta en práctica en muchos países. En ese, como en otros temas, hubo un cambio radical de paradigma. En el 2020, en EE UU se fundó un grupo llamado “Alcaldes por un ingreso garantizado” que ya reúne cerca de cien alcaldes. En ese país, hay unas 50 ciudades desarrollando programas piloto y es de esperar que esa tendencia se dinamice. La idea recibe muchas críticas, tanto ideológicas como económicas, pero no solo tiene su lógica, sino que tiene un innegable atractivo. Las aplicaciones prácticas, acompañadas de nuevos estudios, permitirán quizás consolidar propuestas concretas y bien sustentadas. En esta época de grandes y trascendentales cambios, el ingreso básico universal ya no suena tan estrambótico, y bien puede marcar el rumbo de lo que será, a la larga, la nueva economía del siglo XXI.