El futuro de la IA y la justicia, en manos de la Corte Constitucional

Fernán Ocampo González
Presidente de LinkTIC

El caso en el que un juez en Cartagena utilizó la herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de OpenAI, para redactar una sentencia de acción de tutela, puso sobre la mesa y en manos de la Corte Constitucional la necesidad de regular el uso de la IA en procesos judiciales. Ante esta controversia, la Defensoría del Pueblo y dos magistrados de la Corte Constitucional solicitaron que se examine esta acción de tutela y se establezcan lineamientos claros para el uso de la IA en el ámbito judicial.

En este contexto, a través de un concepto, LinkTIC, como empresa colombiana especializada en soluciones tecnológicas, le pidió a la Corte Constitucional justificar la IA como un medio y no como un fin en sí mismo. Es decir, la IA puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los funcionarios judiciales en la elaboración de decisiones judiciales precisas, pero no debe reemplazar por completo el juicio humano.

Como lo hemos explicado, en países como EE UU o Gran Bretaña, en donde su adopción es mayor, la implementación de estas tecnologías ha mostrado un impacto favorable en la agilización de procesos judiciales, la descongestión de despachos y un servicio más ágil para los usuarios de la justicia. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en consideración que la tecnología no puede reemplazar completamente el juicio humano, por lo que una herramienta como la mencionada se debe emplear de manera ética y responsable, especialmente en casos más complejos, que requieren análisis y toma de decisiones más elaboradas.

De acuerdo con expertos, la IA es muy útil en la automatización de tareas repetitivas, como la clasificación de documentos, la transcripción de audiencias o la lectura de expedientes para extraer datos relevantes. Esto permite que los jueces y los funcionarios judiciales se enfoquen en las labores que realmente lo requieren. La IA puede ser una aliada para ellos, pero siempre debe estar bajo la supervisión y el control de expertos en Derecho.

También es importante resaltar que la IA ya ha mostrado beneficios en el ámbito judicial en Colombia a través del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ). Gracias a un algoritmo de reparto implementado en el sistema, se ha logrado una mayor eficiencia, transparencia y equidad en la administración de justicia. El SIUGJ ha facilitado la migración de miles de procesos judiciales, la comunicación con los sujetos procesales y la programación de audiencias, entre otros aspectos.

En total, 14.571 procesos se han migrado al SIUGJ, con información procesal y documental; se han enviado más de 7.000 mensajes de texto SMS y 8.871 correos electrónicos a los sujetos procesales. Igualmente, se ha realizado el reparto de 530 demandas laborales, la programación y la realización de 220 audiencias, de las cuales se han generado las correspondientes actas. Además, se han incluido los respectivos movimientos procesales y las notificaciones por estados electrónicos de cada expediente. Todo esto es evidencia de cómo la IA ha aportado para que la justicia en Colombia funcione con mayores estándares de eficiencia, transparencia y equidad, dada la ejecución de un algoritmo de reparto en el sistema.

Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y la preservación de los principios fundamentales del Derecho, como la imparcialidad y la garantía de los derechos de las personas. La IA debe ser una herramienta complementaria que facilite y agilice los procesos judiciales, pero, insisto, bajo la supervisión y la responsabilidad de los profesionales del Derecho.

En conclusión, el debate sobre el uso de la IA en el sector justicia es necesario y urgente. Se deben establecer normas y lineamientos claros que guíen su implementación y eviten posibles riesgos y abusos. La IA puede ser una valiosa aliada para mejorar la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones judiciales, siempre y cuando sea utilizada de manera ética, responsable y en armonía con los principios fundamentales del Derecho.