Repensar la salud

Juan Manuel Camargo G.

Nuestro otrora buen servicio de salud pública está muy maltrecho, y hay que empezar a pensar desde ahora qué se propondrá después del 2026 para restablecerlo. Para empezar, yo diría que en este tema Colombia sí necesita una reforma constitucional, pero para disminuir el poder del Gobierno y del Congreso. La base de la democracia es la separación de poderes y los males de la democracia se remedian con más democracia.

Nadie pensó antes, por simple decencia humana, que un gobierno iba a congelar o retener los recursos destinados a la salud para asfixiar financieramente a las EPS, con absoluta indiferencia por la suerte de los pacientes. Como hemos visto que sí puede suceder, se requiere que la Constitución le quite al Gobierno toda injerencia y control sobre esos recursos. ¿Y quién los manejará entonces? Podría ser un comité independiente (más o menos como la junta directiva del Banco de la República, pero quizás más independiente aún), compuesto por un grupo de personas altamente calificadas que no sean elegidas por el Gobierno, que no tengan obedecer a este y cuya misión única sea velar por la salud de los colombianos.

El marco legal no cambió, pero el Gobierno intervino unas EPS o llevó a otras a pedir su liquidación. Tenemos que debatir, por consiguiente, si se quiere mantener el esquema actual o derivar hacia un esquema totalmente público (o más público). Que el servicio lo presta el Estado, o los particulares, o ambos, es hasta cierto punto indiferente. En el mundo, hay tanto experiencias de éxito como de fracaso con ambas opciones. Todo depende de que el sistema de salud se diseñe bien, se implemente adecuadamente y se le asignen suficientes recursos. Un enorme reto.

El tercer aspecto que hay que atacar es la supuesta corrupción, real o imaginaria. Este Gobierno ha creado la impresión (sin pruebas) de que todas las EPS son corruptas y con eso justificó sus actos. Sin embargo, con tanto que se ha hablado de corrupción en la salud, nadie ha presentado ninguna propuesta o proyecto de ley para mejorar el control y la supervisión en el sistema. Todo el mundo dice que se roban la plata de la salud, pero nadie propone siquiera poner un policía en la puerta. Hay que acabar la corrupción, y un subproducto será acabar con ese discurso, que ha justificado la reciente crisis. Ahora bien, en materia de corrupción, el historial del sector público no es mejor que el del sector privado, sino peor. No es que todos los funcionarios públicos sean corruptos, sino que los corruptos justamente persiguen los puestos públicos en los que puedan sacar plata. Por tanto, si la corrupción es el problema, dudo mucho que la solución sea el Estado.

Y el cuarto gran tema en este propósito de repensar la salud es el de la cobertura, que tiene dos dimensiones. La primera es la geográfica. Mientras los pacientes de las zonas urbanas tienen una atención satisfactoria, los habitantes de las zonas rurales y alejadas carecen del servicio o lo tienen muy deficiente. Eso tiene que cambiar y, de hecho, este Gobierno podría haber pasado a la historia si hubiera dejado tranquilas a las EPS y se hubiera dedicado a mejorar el sistema de salud en los territorios. Dudo mucho que la descentralización que se ha propuesto sea exitosa, porque no se puede garantizar una atención igualitaria, si se le da a cada municipio autonomía y responsabilidad en esta materia. El diseño y la supervisión deben estar centralizados y a cargo de un organismo especializado, mientras que la ejecución debe ser descentralizada, sin depender de las autoridades locales, ni siquiera las regionales.

La segunda dimensión de la cobertura se refiere a qué necesidades se incluyen y cuáles se excluyen. Este tema es álgido, pero es inevitable abordarlo. El servicio de salud tiene una particularidad y es que una cobertura supuestamente “total” crece continuamente. Cuando a uno le atienden todas las enfermedades, uno quiere que le atiendan también todas las cirugías plásticas. Cuando a uno le atienden todas las cirugías plásticas, uno quiere que se incluya la asistencia posoperatoria. Y, si la cirugía salió mal, queremos soporte sicológico. Y así sucesivamente, en una historia de nunca acabar. El problema, por supuesto, es de fondos: en algún punto hay que marcar el límite. El número de tutelas relacionadas con la salud disminuye todos los años y eso indica que hemos alcanzado consensos, pero la necesidad de acudir a los jueces es un mal síntoma, y las decisiones de estos se toman sin consideración alguna a la administración eficiente de los recursos del sistema.

Tarea monumental le espera al siguiente Gobierno, contando con que este quiera remediar los problemas y no simplemente apropiarse del sistema y sus dineros. Lamentablemente, seguiremos en manos de los políticos y ya hemos visto cómo estos actúan (o no actúan). Todo indica que los vicios de los políticos no tienen remedio: son males endémicos, en Colombia o en cualquier otro país. Refiriéndose a EE UU, Gore Vidal dijo alguna vez: “Cuando una persona muestra que tiene material para ser presidente, ya ha sido comprada diez veces”.

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