La retórica y la política de la audiencia

Nicolás Parra Herrera

Desde la antigüedad se sabía que la retórica no es un arte que verse sobre lo verdadero y lo falso. Es imposible utilizarla para persuadir a alguien de que 2+2 no es igual a 4. Eso ya lo sabía Gorgias, Platón y Aristóteles. Todo orador busca alguno de estos fines: (i) generar una emoción en el oyente; (ii) modificar o implantar una creencia al auditorio o, lo que es más difícil, (iii) transformar su comportamiento. Todo orador (o escritor) debe preguntarse ¿qué pretendo con mi discurso? Y la respuesta necesariamente deberá encasillarse en alguno de estos propósitos. Sin embargo, hay una pregunta que se le ha olvidado a algunos oradores y juristas en la actualidad: ¿cuál es mi audiencia? o ¿a quién quiero persuadir? Estos interrogantes cobran especial relevancia en el contexto jurídico donde no siempre es claro con quién están dialogando los jueces y los magistrados.

La pregunta para precisar la audiencia es fundamental para toda persona que acometa la ardua tarea de persuadir a otros. A veces confundimos la audiencia con el auditorio, una cosa es dirigirse al grupo de personas presentes y otra muy distinta que mi intención como retórico sea persuadirlas a todas ellas. Más aún, es posible que nuestra audiencia no se limite a quienes estén presentes en nuestro discurso, a veces un representante del gobierno profiere un discurso en el lugar de un evento, pero como su intervención está televisada y cubierta por las redes sociales, su audiencia será más amplia de la “audiencia física”. La audiencia no es más que aquellos oyentes a quienes el orador quiere convencer, persuadir o cuya conducta quiere modificar. A esto es lo que yo llamo la política de la audiencia. La importancia de la política de la audiencia ya había sido intuida por Chaim Perelman, el filósofo y retórico polaco, quien sostuvo una tesis revolucionaria en los estudios de la retórica: “El orador, si quiere obrar eficazmente con su discurso, debe adaptarse a su auditorio”.

Una cosa es tratar de persuadir a un juez, quien espera argumentos jurídicos, lógicamente consistentes y con viabilidad desde la óptica del precedente y otra muy distinta es hablar en el Congreso, donde los argumentos políticos, sociales y con fundamento económico son, por lo general, mejor recibidos. Una cosa es hablarle a unos estudiantes y otra muy distinta es hablarle a un amigo. Independientemente de que la finalidad sea dar un consejo, el lenguaje adecuado es diferente. La psicología de la audiencia es la que le dará la pauta al orador de cómo debe abordar los diferentes contextos discursivos.

En el Gorgias, el diálogo de Platón dedicado a la retórica y al arte político, Gorgias relata la historia cuando acompañó a su hermano y a otros médicos a la casa de un enfermo que no quería tomarse la medicina ni confiarse al médico para que realizara una cirugía. El médico, Gorgias insistía, no podía persuadirlo, pero él sí pudo hacerlo, únicamente utilizando la retórica[1]. La diferencia es muy sencilla: el médico no pudo persuadirlo porque no entendió la política de la audiencia, porque nunca se adaptó al lenguaje y la psicología del enfermo para hablar en su lenguaje y convencerlo de que tomara las medicinas. Mientras que Gorgias, como buen orador, sí lo hizo.

La lección parece sencilla, pero adquiere una relevancia especial cuando reflexionamos sobre cuál es la audiencia de las sentencias de la Corte Constitucional. Debe la Corte escribir para que los abogados y académicos comprendan las sentencias o debe comenzar un desmantelamiento del tecnolecto jurídico para acercar el contenido de los fallos judiciales a los ciudadanos. No tengo una respuesta a este problema, especialmente porque en algunos casos, como en los grandes fallos de la Corte Constitucional, las audiencias son múltiples y están dislocadas. La dificultad radica en encontrar un lenguaje que logre transmitir los mensajes tanto a los ciudadanos, como a los abogados y académicos, a los funcionarios encargados de acatar las órdenes judiciales, como a aquellos que utilizarán los fallos para reclamar sus derechos. Encontrar un lenguaje que mantenga la solidez jurídica de la argumentación y la sencillez en la comunicación permitirá reducir la brecha existente entre la ciudadanía y el derecho.